martes, 23 de abril de 2013

Decálogo de medidas para hacer una reforma fiscal “ambiciosa y progresiva”

El PSOE planteará este martes en el Congreso un decálogo de propuestas con las que realizar una reforma fiscal “ambiciosa y progresiva”, que pasa por una lucha “decidida” contra el fraude y por una revisión y reorganización de los diferentes impuestos y las desgravaciones y bonificaciones actualmente existentes.  
Tras la interpelación al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del pasado miércoles, los socialistas han puesto negro sobre blanco las líneas básicas por las que, a su juicio, debería guiarse la necesaria revisión de la política fiscal española. De hecho, el pasado día 13 ya presentaron un documento base para este debate en el que se inspira la moción y que servirá de referencia para su proyecto de renovación como partido.
La medida más novedosa que incorporan es la propuesta de integrar en una misma figura tributaria el patrimonio y la renta, estableciendo un mínimo exento. “Se trata de valorar la capacidad económica derivada del patrimonio independientemente de su instrumentación financiera”, señalan, matizando que se debería introducir una corrección de posibles dobles tributaciones.
Además, exigen también que se avance en la equiparación de la fiscalidad sobre las rentas del capital y las del trabajo, y revisar “en profundidad” el régimen de estimación objetiva en materia de actividades económicas tanto en IRPF como en IVA, para evitar su “utilización fraudulenta”.
IMPUESTO DE SOCIEDADES
Los socialistas ven necesario hacer una reforma completa del Impuesto de Sociedades, eliminando o limitando las deducciones fiscales “ineficaces y regresivas”, y haciendo que la tributación se acerque más a la facturación real de las empresas. Mientras se efectúa esta labor, proponen introducir una tributación mínima para las grandes empresas.
El PSOE cree asimismo que hay que reforzar la contribución del sector financiero a la sostenibilidad de las cuentas públicas con propuestas como un nuevo impuesto sobre el pasivo de las entidades,
neto de capital y depósitos, para “desincentivar la financiación bancaria vía deuda”; que se graven los salarios variables y los beneficios ‘extraordinarios’ de las entidades, y que se apoye la aplicación de la Tasa de Transacciones Financieras en toda la UE.
En cuanto al IVA, piden que se revisen las exenciones actualmente reconocidas a todas las actividades de la Sanidad y la Educación privadas, así como los tipos impositivos para cada clase
de bien o servicio, prestando particular atención a la Cultura –que debería “volver al tipo reducido”– y a los productos higiénicos de primera necesidad.
También exigen que se recupere un gravamen “efectivo en su imposición” sobre sucesiones y donaciones con un tipo mínimo homogéneo, y que se estudien las posibilidades en materia de
tributación medioambiental para acercarnos a la media europea.
LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Finalmente, en materia de lucha contra el fraude los socialistas plantean posibles medidas tanto a
nivel comunitario como nacional. En primer lugar, creen que el Gobierno debería trabajar para que se revoquen las licencias de las instituciones bancarias que favorezcan activamente el fraude y que
se nieguen a colaborar con las autoridades tributarias de los estados miembro.
También piden al Ejecutivo que proponga a todos los países de la UE eliminar de su legislación los obstáculos que “dificultan la cooperación y los intercambios de información fiscal” con las instituciones comunitarias, y acordar una base imponible  onsolidada común para el Impuesto de Sociedades, de tal modo que no se produzcan distorsiones e ineficacias.
En cuanto al trabajo ‘casero’ que el Gobierno debería realizar, señalan la necesidad de incrementar “sustancialmente” los recursos económicos y humanos de la Agencia Tributaria, así como reforzar su independencia permitiendo que sea el Congreso quien nombre a su director por un plazo de seis años.
Por último, sugieren que se priorice la especialización de los funcionarios de la Agencia y de jueces, fiscales y policía judicial en la investigación y la lucha contra el fraude fiscal y el gran fraude internacional, y que se desarrollen normativas para “evitar que la ingeniería fiscal siga haciendo uso de trampas legales para evadir y eludir el pago de impuestos”.

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