El PSOE planteará este martes en el Congreso un decálogo de
propuestas con las que realizar una reforma fiscal “ambiciosa y
progresiva”, que pasa por una lucha “decidida” contra el fraude y por
una revisión y reorganización de los diferentes impuestos y las
desgravaciones y bonificaciones actualmente existentes.
Tras la interpelación al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del
pasado miércoles, los socialistas han puesto negro sobre blanco las
líneas básicas por las que, a su juicio, debería guiarse la necesaria revisión de la política fiscal española. De hecho,
el pasado día 13 ya presentaron un documento base para este debate en el
que se inspira la moción y que servirá de referencia para su proyecto
de renovación como partido.
La medida más novedosa que incorporan es la propuesta de integrar en
una misma figura tributaria el patrimonio y la renta, estableciendo un
mínimo exento. “Se trata de valorar la capacidad económica derivada del patrimonio independientemente de su
instrumentación financiera”, señalan, matizando que se debería
introducir una corrección de posibles dobles tributaciones.
Además, exigen también que se avance en la equiparación de la
fiscalidad sobre las rentas del capital y las del trabajo, y revisar “en
profundidad” el régimen de estimación objetiva en materia de actividades económicas tanto en IRPF como en IVA, para evitar su “utilización fraudulenta”.
IMPUESTO DE SOCIEDADES
Los socialistas ven necesario hacer una reforma completa del Impuesto
de Sociedades, eliminando o limitando las deducciones fiscales
“ineficaces y regresivas”, y haciendo que la tributación se acerque más a
la facturación real de las empresas. Mientras se efectúa esta labor,
proponen introducir una tributación mínima para las grandes empresas.
El PSOE cree asimismo que hay que reforzar la contribución del sector
financiero a la sostenibilidad de las cuentas públicas con propuestas
como un nuevo impuesto sobre el pasivo de las entidades,
neto de capital y depósitos, para “desincentivar la financiación bancaria vía deuda”; que se graven los salarios variables y los beneficios ‘extraordinarios’ de las entidades, y que se apoye la aplicación de la Tasa de Transacciones Financieras en toda la UE.
neto de capital y depósitos, para “desincentivar la financiación bancaria vía deuda”; que se graven los salarios variables y los beneficios ‘extraordinarios’ de las entidades, y que se apoye la aplicación de la Tasa de Transacciones Financieras en toda la UE.
En cuanto al IVA, piden que se revisen las exenciones actualmente
reconocidas a todas las actividades de la Sanidad y la Educación
privadas, así como los tipos impositivos para cada clase
de bien o servicio, prestando particular atención a la Cultura –que debería “volver al tipo reducido”– y a los productos higiénicos de primera necesidad.
de bien o servicio, prestando particular atención a la Cultura –que debería “volver al tipo reducido”– y a los productos higiénicos de primera necesidad.
También exigen que se recupere un gravamen “efectivo en su
imposición” sobre sucesiones y donaciones con un tipo mínimo homogéneo, y
que se estudien las posibilidades en materia de
tributación medioambiental para acercarnos a la media europea.
tributación medioambiental para acercarnos a la media europea.
LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Finalmente, en materia de lucha contra el fraude los socialistas plantean posibles medidas tanto a
nivel comunitario como nacional. En primer lugar, creen que el Gobierno debería trabajar para que se revoquen las licencias de las instituciones bancarias que favorezcan activamente el fraude y que
se nieguen a colaborar con las autoridades tributarias de los estados miembro.
nivel comunitario como nacional. En primer lugar, creen que el Gobierno debería trabajar para que se revoquen las licencias de las instituciones bancarias que favorezcan activamente el fraude y que
se nieguen a colaborar con las autoridades tributarias de los estados miembro.
También piden al Ejecutivo que proponga a todos los países de la UE
eliminar de su legislación los obstáculos que “dificultan la cooperación
y los intercambios de información fiscal” con las instituciones
comunitarias, y acordar una base imponible onsolidada común para el
Impuesto de Sociedades, de tal modo que no se produzcan distorsiones e
ineficacias.
En cuanto al trabajo ‘casero’ que el Gobierno debería realizar,
señalan la necesidad de incrementar “sustancialmente” los recursos
económicos y humanos de la Agencia Tributaria, así como reforzar su
independencia permitiendo que sea el Congreso quien nombre a su director
por un plazo de seis años.
Por último, sugieren que se priorice la especialización de los
funcionarios de la Agencia y de jueces, fiscales y policía judicial en
la investigación y la lucha contra el fraude fiscal y el gran fraude internacional, y que se desarrollen normativas para “evitar que
la ingeniería fiscal siga haciendo uso de trampas legales para evadir y
eludir el pago de impuestos”.
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